El escenario creado por la reforma al Poder Judicial de la Federación, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, ha generado un panorama de incertidumbre e impacto en el desarrollo económico, en específico la inversión, el comercio, tipo de cambio, construcción, así como en las MiPymes.
Lo anterior ha sido expuesto por organismos como Canacintra y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, además de expertos en temas del T-MEC.
Este proyecto de reforma, en esencia busca modificar el proceso de elección de jueces y magistrados, generando incertidumbre en el estado de derecho.
Un argumento un tanto ambiguo, pero que no es tan descabellado después de que el INE fuera criticado en su momento por el gasto en elecciones, sería el costo de la elección de jueces y magistrados, el cual es estimado en 3 mil 500 millones de pesos, que bien pueden ser utilizados en tareas de fomento de la economía nacional.
Otra preocupación es la aplicación del artículo 16 constitucional de la no retroactividad en perjuicio de una persona con relación a las prestaciones laborales y salarios del personal del poder judicial.
En el tema cambiario, el nerviosismo en el mercado es debido a la aprobación del dictamen de dicha reforma en lo general y que ahora se espera, que el pleno de la Cámara de Diputados proceda a discutirla y aprobarla cuando inicie la nueva legislatura, esto aunado a la reciente fricción en relación comercial y diplomática con Estados Unidos y Canadá limitaría el crecimiento económico de México.
Por ello, se estima que el impacto de la reforma judicial restaría al menos 1.9 por ciento del PIB de México, lo implicaría generar una recesión moderada, además de poner en riesgo la calificación crediticia, afectando así todo el ciclo económico del país.
Es cierto que es necesaria una reestructura al Poder Judicial para garantizar la justicia en el país, sin embargo, se debe plantear y actuar con madurez.
México y sus empresas requieren un vínculo permanente con las autoridades y poderes que favorezcan un entorno de negocios próspero, en equidad y con sentido humano que garantice un escenario que atraiga inversiones y proteja los intereses económicos de las cadenas productivas en donde participa la industria mexicana.
Por tal motivo la credibilidad y la confianza en el Estado de Derecho es un valor fundamental en cualquier país demócrata. Es una de las principales columnas para la inversión en el país, por lo que una reforma judicial debe ser cuidadosamente consensuada con especialistas y no solo por políticos
