Los integrantes del Congreso local, avalaron la reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado, con la que se prevé garantizar la sana alimentación y el derecho a la vida y salud de este sector, incluyendo a aquellos cuyos padres se opongan a tratamientos médico por motivos religiosos.
También se armoniza la norma con la ley general para establecer el derecho a las personas menores de edad, a vivir sin castigos corporales y humillantes, y obliga a las autoridades a atender y sancionar esas conductas.
Igualmente, la ley ahora define el concepto de “Trabajo infantil” como cualquier actividad económica remunerada, hecha por menores de 15 años, que impidan su desarrollo educativo, físico, emocional, psicológico y social.
Asimismo, se formaliza la Unidad de Primer Contacto como una instancia encargada de detectar y dar seguimiento a casos de posible vulneración de derechos infantes. También se garantiza que los menores podrán frecuentar directamente a sus madres cuando ellas se encuentran privadas de la libertad.
“Se incorpora al texto legal el supuesto de parentalidad asistida, entendida esta como el proceso en el que se propician y fortalecen, en quienes ejercen la patria potestad o tutela, las condiciones que satisfacen las necesidades de niñas, niños y adolescentes y contribuyen a su desarrollo integral y armonioso, basado en el ejercicio pleno de sus derechos”, señala el dictamen avalado.
En la reforma se añade el concepto de violencia contra este sector y la obligatoriedad de realizar pruebas psicológicas y de entorno social para garantizar la prevención y protección adecuada; asimismo, se prevén las medidas de protección urgentes o cautelares para evitar posibles daños a su integridad personal.
“Se establece la obligatoriedad de las autoridades de prever sistemas eficaces de reinserción y reintegración social y familiar en casos en los que se atribuya a niñas, niños o adolescentes la comisión de algún delito”, añade