Pobladores de la ranchería de Pueblo Nuevo, ubicada en Mineral del Monte, frenaron la construcción de un tramo de la a autopista Real del Monte-Huasca a través de la suspensión definitiva otorgada en el juicio de amparo 321/2024 por el Juzgado Tercero de Distrito de Hidalgo.
Los habitantes exigen al gobierno federal, una indemnización por al menos 12 millones de pesos para 56 familias por el trazo de la vía sobre 1.2 kilómetros de su propiedad, de régimen comunal, que acreditan con un decreto presidencial de 1924, ya que la compensación por ese monto fue entregada a otra persona con un “título supletorio”.
Con la suspensión, el gobierno federal no puede realizar trabajos en ese tramo de la carretera, la cual comprometió inaugurar el presidente Andrés Manuel López Obrador en agosto próximo.
El abogado Julio Gálvez Bautista dijo que las tierras fueron dadas a los pobladores de la demarcación, con un decreto presidencial de 1924, con un título de tierra a través de un “régimen intermedio” comunal.
“En su decreto se habla de que mientras tanto no sean repartidas las tierras a las familias que conforman en ese momento la ranchería, reparten eso a las 56 familias, pero mientras tanto no se repartan las tierras, entonces existe un régimen intermedio comunal, y así lo establece el decreto, hasta en tanto no te repartas las tierras aquí hay un régimen comunal”, dijo.
La indemnización por el paso de la vía sobre el tramo, fue entregada por la administración del exgobernador Omar Fayad Meneses en favor de Román Vega Cerón, que en 2006 hizo la compra del espacio a Evangelina Pérez Abreu, que a su vez dijo ante notaría pública, que lo había adquirido en 1946 por 800 pesos y lo inscribió ante el Registro Público de la Propiedad (RPP) hasta 1987.
El abogado recordó que cualquier documento posterior a 1924 no tiene validez, pues al ser el Pueblo Nuevo de régimen comunal, es de todos, no está dividido y legalmente nadie tiene escrituras.
Agregó que los pobladores ya inscribieron el decreto presidencial ante el Registro Público de la Propiedad, por lo que no requieren de una escritura.
Gálvez Bautista afirmó que sus representados no están en contra de la obra que dirige la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), pero exigen una indemnización de al menos 12 millones de pesos, como la que obtuvo la persona que acreditó la propiedad con “jurisdicciones voluntarias”.
