En cualquier sistema democrático, las elecciones son la fuente de legitimidad de los gobiernos. De ahí la importancia de que sean periódicas, confiables y competitivas. Por eso en los últimos 30 años, se ha discutido prácticamente en cada sexenio el diseño institucional de nuestro sistema electoral.
El denominado “Plan B” de reforma propuesto por el Presidente de la República, implica varias adecuaciones que se deben analizar a la luz de lo que requiere nuestro sistema político.
El primer reto tiene que ver con garantizar la organización electoral. Es decir que las Mesas Directivas de casilla se instalen al 100 % con ciudadanos insaculados y capacitados, y que se computen de manera adecuada los votos.
En este sentido es importante señalar que no desaparecen los Consejos Distritales, sino que estos tendrán un carácter temporal como lo tienen actualmente en los Institutos Electorales Locales, lo que no implica un riesgo en la organización electoral.
En segundo lugar, la propuesta del Presidente apunta por quitar facultades a las autoridades electorales de sancionar a los partidos políticos y a los funcionarios del Estado, lo que permitirá dejar de judicializar de manera excesiva los procesos electorales. Es decir. que se trate solo de litigar por litigar y que, mediante recursos jurídicos como extensión de las campañas políticas al ámbito legal, interponiendo quejas frívolas sin fundamento.
Así los consejeros electorales tendrían, tal como se planteó la iniciativa, menor facultad para interpretar la ley en cuanto a procesos sancionadores.
De tal manera que con el análisis y discusión de estas iniciativas es posible ver las implicaciones en la elección 2024 y su impacto en la organización de las elecciones.
