Rafael Castelán, integrante de la organización Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C., manifestó su preocupación ante lo que consideró un retroceso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, al señalar que algunas colectivas han sido cooptadas por el gobierno.
El activista destacó que a diferencia de otros años, en esta ocasión no hubo mujeres en las calles levantando la voz durante el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Señaló que en muchos casos, algunas activistas ahora trabajan de manera coordinada con los ayuntamientos, mientras que otras han establecido vínculos laborales con el gobierno o han sido absorbidas por las autoridades, lo que a su juicio, ha debilitado las movilizaciones independientes.
Castelán recordó que el año pasado, su organización instaló una antimonumenta en la Plaza Juárez, como símbolo de denuncia contra la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, lamentó que este fue retirado y reubicado en un espacio donde esperaban que las colectivas feministas lo adoptaran como suyo, lo cual no ocurrió.
Además, expresó su preocupación por el aumento de la violencia hacia las mujeres, especialmente en casos relacionados con el crimen organizado.
Subrayó la brutalidad con la que son encontrados los cuerpos, lo que genera temor y confusión entre la ciudadanía, ya que en algunos casos se piensa que se trata exclusivamente de feminicidios.
El activista enfatizó la importancia de que las autoridades realicen investigaciones exhaustivas para determinar si estos casos tienen razones de género que permitan clasificarlos como feminicidios.
Asimismo, destacó que algunas feministas han planteado la necesidad de reformar el Código Penal para que los asesinatos de mujeres ligados al crimen organizado también puedan ser reconocidos como feminicidios bajo ciertos criterios.
