Un llamado al gobierno del estado de Hidalgo para que revise los actos administrativos que ocasionaron revocar los permisos para la operación de los centros de verificación vehicular, hizo el diputado federal Martín Sandoval Soto.
El morenista señaló que actualmente en el estado de Hidalgo, hay una gran insatisfacción debido a la opacidad que existió en los procedimientos administrativos de inspección y sanción que tuvieron lugar en febrero de ester año, donde 49 de los 52 centros de verificación vehicular fueron sancionados y dejaron inoperante al sistema que funcionaba en la entidad.
Ello quiere decir que de los 49 centros de verificación vehicular que se les inspeccionó, al 100% se les encontró alguna irregularidad.
Debido a ello, en la actualidad los centros de verificación vehicular, están impedidos de operar de manera regular en la entidad, debido a las resoluciones que se tomaron desde la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo (PROESPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo (SEMARNATH).
El diputado federal por el estado de Hidalgo, comentó que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública, corresponde a la SEMARNATH inspeccionar, vigilar, promover y sancionar, en coordinación con las autoridades competentes en la materia de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, el cumplimiento de las leyes, normas y lineamientos relacionados con la protección, preservación y sostenibilidad de los recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática y pesca.
Sin embargo, manifestó que al analizarse las causas que dieron lugar a la revocación a los centros de verificación vehicular, se logró apreciar que existen algunos argumentos por parte de la autoridad local, que no quedan bien fundamentados en las resoluciones administrativas de la secretaría, sobre todo cuando se observan detenidamente los débiles sistemas de control de la Dirección General de Cambio Climático, área que tiene su cargo el diseño, implementación y operación del sistema digital de verificación vehicular; y los cuales se le atribuyen como obligaciones a los centros de verificación vehicular, de una manera mal intencionada.
“Los centros de verificación vehicular están inconformes por las sanciones impuestas tanto por la PROESPA como por la SEMARNATH, ya que estas instituciones han afirmado que al momento de realizarse las inspecciones, se determinó que el personal de los verificentros manipuló los equipos y el software propiedad de la autoridad local, encontrándose que se podía tener acceso a navegadores de Internet. Cuando es la propia autoridad la que cuenta con el manejo de los softwares y los equipos.
“Es por estas razones y en el ánimo de seguir contando con instituciones fuertes y que respondan a los intereses de la sociedad, y no solo a los de ciertos grupos, sería importante que la administración en turno, concerte mesas de diálogo con los centros de verificación para poder dar respuesta a sus legítimas demandas”.
Llamó al gobierno del estado a revisar los actos administrativos que dieron lugar a la revocación para operar a los centros de verificación vehicular, solicitar al proveedor de la plataforma digital de verificación, a que emita un informe detallado que determine las causas de la presunta manipulación de sus equipos y/o la violación del software, así como de la conexión con dicha plataforma
