Al enfrentar México un proceso de inseguridad y violencia con mayor incremento en los últimos 17 años, cuyo impacto negativo lastima a grupos vulnerables y de manera seria al tejido social, en próximos días habrán de nombrarse a los siete integrantes del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas.
Luego de pasar siete meses para que este asunto se apruebe no solo en comisiones, también en el pleno del Congreso, se aprobó ya la iniciativa con proyecto de decreto por el que modifican disposiciones de la ley en materia de Desaparición de Personas.
La entidad registra un importante rezago en esta materia, sin embargo se espera que antes de finalizar este año, el Consejo Estatal rinda protesta de ley ante el pleno del Congreso Local, tomando en consideración que, dejó de funcionar el 30 de julio de 2022, debido a que sus miembros habían concluido sus labores al frente.
De acuerdo con Noé Hernández Bravo, presidente de la Comisión de Gobernación, dicho Consejo debe estar integrado por tres familiares de personas desaparecidas y el resto, por especialistas y de organizaciones civiles.
De ahí que se dio inicio al proceso de selección, lo cual fue una tarea titánica.
Si bien, este proceso ha sido complicado por varios meses, después de esta larga espera, se tienen a los nuevos miembros del Consejo Estatal, quienes no recibirán algún tipo de remuneración por su labor, puesto que fueron ellos los que decidieron rechazar esta oferta, hecha por legisladores.
Con las adecuaciones a la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Hidalgo, ahora quedará regulado el funcionamiento del Registro de Personas Desaparecidas, además el garantizar la protección integral de los derechos de las personas desparecidas hasta conocer su suerte o paradero -señala dicha iniciativa-, lo cual dará paso a la atención, asistencia, protección y en su caso, la reparación del daño y garantías de no repetición integral del daño.
Dentro de las bondades está que los familiares de las víctimas desaparecidas, tengan el derecho a recibir de inmediato y sin restricción alguna, medidas de ayuda, asistencia y de atención previstas en la Ley de Víctimas para el Estado de Hidalgo.

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