Finalmente se llevó a cabo la consulta para la revocación de mandato, y con este ejercicio México se convirtió en el tercer país de América Latina, seguido de Venezuela y Bolivia, en el que se consulta a la ciudadanía sobre la remoción anticipada del Presidente, un mecanismo que ha sido tradicionalmente impulsado por grupos ciudadanos inconformes, que buscan la anulación del mandato de representantes populares a quienes se les acusa de abuso de poder.
Sin embargo, el caso mexicano se ha llevado a cabo de manera muy distinta a los supuestos teóricos y a la experiencia internacional.
La reforma fue impulsada por el Presidente y quienes salieron a las calles a reunir firmas y movilizar bases, no fueron los grupos opositores sino cuadros y militantes del partido en el gobierno, para asegurar una ratificación, dejando en el camino un alto grado de polarización y confrontación institucional.
Para que la revocación de mandato fuera válida, se requería de una participación de 37 millones, pero con los 16 millones que salieron a votar este domingo, se convirtió más bien en la ratificación de la popularidad del presidente, la misma que dejo tras de sí una confrontación entre el Gobierno Federal y Morena con las autoridades electorales, especialmente el INE, que pese a las críticas, organizó con 1, 700 mdp el ejercicio y logro convocar a 200, 000 funcionarios electorales.
Si bien hay voces que alertan que dicho instrumento corre peligro de convertirse en un arma política para remover autoridades, preocupa más que sea promovida para buscar, de manera disfrazada, legitimación política, en el entendido que en el mediano plazo estos ejercicios se replicaran en los estados, como lo establece la reforma constitucional de 2019.
Ciertamente si el poder dimana del pueblo, éste debe tener la posibilidad de retirar el mandato en cualquier momento, sin embargo se requieren que la revocación sea efectivamente un mecanismo participativo y no se convierta un instrumento de legitimación política
