El auditor del Estado de Hidalgo, Jorge Valverde Islas, dio a conocer que ya se alistan algunas denuncias ante la Procuraduría de justicia, por presuntos desvíos de recursos, que se sumarán a los 10 procesos que ya se siguen en esa dependencia.
Indicó, la Auditoría denunció ante las autoridades correspondientes, a una decena de funcionarios y ex funcionarios, en su mayoría presidentes municipales que estuvieron involucrados en la “Estafa Siniestra”, sin embargo, en estos momentos se alistan ya dos nuevas denuncias.
Destacó que se reservarán los nombres y los lugares de los funcionarios pero se esperará hasta que las denuncias sean judicializadas, ya de lo contrario, los implicados en los desvíos recurren ya sea a los amparos o bien se dan a la fuga.
Indicó que en el más reciente trabajo de revisión que se realizó a la cuenta pública del 2022, entre los señalamientos pueden considerarse de mayor irregularidad, se encuentran en la Secretaría del Medio Ambiente, así como en la Secretaría de Seguridad, donde se tienen montos de alrededor de 300 millones de pesos que no fueron acreditados.
Recordó que en su mayoría, las irregularidades que se han detectado corresponden a pagos duplicados, falta de documentación que avalen el gasto de los recursos, lo que habla de corrupción, ya que muchas ocasiones señala que la falta de estos corresponde a que los implicados, esconden los desvíos.
Incluso dijo que se han llegado a presentar argumentos como robo de papelería o quema de estos, así como un número importante de pretextos que no corresponden con lo que debe de ser la administración pública.
En el caso de la Secretaría del Medio Ambiente, así como de Seguridad se pudieron, detectar este tipo de irregularidades.
Para el primer caso suman alrededor de 300 millones de pesos, los que presuntamente fueron desviados y que serían ocupados para el saneamiento de El Huixmi, lo que no se realizó conforme a lo contratado, mientras que en Seguridad Pública destacó que hay 96 millones de pesos de pagos indebidos e irregularidades, así como en el arrendamiento de las patrullas y los arcos de seguridad.
Indicó que las observaciones son dadas a conocer conocer a los implicados quienes una vez que se les notifique contarán con 20 días para presentar la documentación que acredite el correcto gasto de los recursos. De lo contrario, se continuará con el proceso que puede derivar en nuevas denuncias ante la Procuraduría de justicia.
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