La corrupción pone en riesgo el derecho a la vida. Por ejemplo, cuando se le niega la asistencia médica a los enfermos o se permite la construcción de edificios o productos defectuosos o peligrosos, en el ámbito económico pone en riesgo los recursos naturales.
En sociedades donde hay un alto grado de corrupción, resulta más caro construir una carretera, equipar hospitales y prestar servicios de salud o educación.
Sin embargo, es una buena noticia que en lo que va del año, hayan sido sancionados en el estado 112 servidores públicos de los cuales la mayoría resultó con inhabilitación.
Los casos más sonados son el director general de Tecnologías de la información de SEPH, Pedro Tello, el regidor de Tlaxcoapan, Miguel Ángel López y la extesorera del mismo municipio, Virginia Jiménez, así como Hugo Sánchez Ballato, del Cecultah por incumplimiento de obligaciones como servidor público.
Una buena noticia, pero insuficiente si consideramos que aún están pendientes 79 denuncias en contra de funcionarios públicos ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de la PGJEH, que obedecen a distintos delitos principalmente el ejercicio indebido del servicio público, así como uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado y lo que resulte.
Resulta fundamental para la próxima administración evitar el conflicto de interés que hay entre el Ejecutivo y las entidades encargadas de fiscalizar su ejercicio, pero además es un problema la poca efectividad en la investigación de casos de corrupción y la baja judicialización y enjuiciamiento de los casos de gran corrupción, derivado del hecho que la Fiscalía carece de un diseño institucional adecuado, así como de capacidades, recursos y capital humano suficiente para su operación
Es buena noticia que haya sanciones, para hacer valer la ley, si es necesario por la fuerza, pero esto no solo debe ser eficiente contra los disidentes o los incómodos, sino contra todo aquel que abuse de su cargo
