Con penas de uno a nueve años de prisión, además de una multa de 75 a 225 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, diputados de la LXV Legislatura Local piden sancionar al delito de fraude, en sus distintas modalidades.
El presidente de la Junta de Gobierno, Jesús Osiris Leines Medécigo presentó la iniciativa de ley, a fin de elevar este delito y no quede impune, partiendo que es uno de los más recurrentes en la entidad, sin que existan castigos severos en contra de los timadores.
Durante la exposición de motivos, precisó que cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) en 2022, al menos, el 19.22 % de los hogares fueron víctimas por este ilícito que representa a dos por cada 10.
La tasa delictiva implica que es mayor en comparación de otras entidades, al registrarse 4 mil 542 casos, en comparación del ámbito nacional que apenas alcanza los 4 mil 360 por cada 100 mil personas, lo que significa, es el delito más cometido en Hidalgo.
Leines Medécigo resaltó que la iniciativa de ley que subió a tribuna permitirá la existencia de penas más claras, al hacer alusión a un tipo de robo, por lo que, solicitó la remisión del artículo 203 del tipo penal en el Código Penal del Estado de Hidalgo.
“El fraude es un delito que ha persistido a lo largo del tiempo, causando un daño significativo a nuestras comunidades y erosionando la confianza en nuestras instituciones. Por lo que se deben tomar medidas contundentes y claras para combatir esta conducta que afecta a miles de familias en nuestro estado”.
Por desgracia, el fraude ha logrado expandirse de forma particular, al haber nuevas formas como son las asociaciones que, presuntamente fungen como gestores de trámites de escrituras o bien, se dedican a la venta de terrenos y casas-habitación, a bajo costos, con proyectos inmobiliarios inexistentes.
“Destacar la importancia de la prevención en la lucha contra el fraude, la emisión de alertas en las zonas metropolitanas para que las personas puedan prevenir caer en este tipo de modalidades de fraude, es un paso en la dirección correcta, pero también debemos asegurarnos de que nuestras leyes sean un firme respaldo en la protección de nuestros ciudadanos”.