A lo largo de las últimas semanas, un buen debate ocupa las primeras planas de la prensa nacional. El asunto tiene como telón de fondo la reforma electoral, propuesta por el presidente de México y las diversas reacciones que se han suscitado en el círculo rojo.
En un primer momento, la deliberación se concentró en las élites partidistas y en el Congreso Federal. Lo anterior, porque al tratarse de una modificación al máximo marco normativo, las ecuaciones sobre su aprobación, requerían las dos terceras partes de aquella soberanía.
Como es sabido ese camino se agotó muy pronto. Los votos de los aliados de AMLO no fueron suficientes para llevar a cabo la iniciativa que salió desde Palacio Nacional. Por tanto, se aplicó un plan alterno que consiste en la modificación de varias leyes secundarias, que podrían tener impacto en la base presupuestal del INE.
Hasta ahí se queda la ruta legislativa, pero lo que ha avanzado (y quizá debería decir, ha contaminado) el camino de todo lo mencionado, es la creciente alteración de la información por parte de muchos actores políticos y líderes de opinión.
Para algunos, el paquete de leyes secundarias conocido como el “plan b del presidente”, no es más que una venganza política que va directo a desaparecer una base de personal del INE, es decir, reduce el presupuesto que se asigna a un determinado número de trabajadores eventuales que se accionan cuando hay elecciones.
Sin embargo, lejos de entrar a detalle y tener una discusión “técnica – operativa” lo que tenemos ahora en el radar es una polarización llevada a los medios de información. Todo inició cuando los detractores del presidente, salieron a la calle para “defender al INE” y entre sus demandas estaba aquella de que “el INE no se toca”.
Esto desvirtuó el debate hasta llevarlo a su mínima expresión. Porque la lógica nos refiere a que las instituciones cualesquiera que estas sea es una construcción social. Es decir, se creó por las personas para ayudar a la armonía social.
Por tanto, cualquiera que sea el caso, los organismos, dependencias e instituciones del Estado son entes sociales creados por el hombre. En consecuencia, se pueden tocar, modificar, mejorar e incluso, eliminar.
Solo que en este país, muchos de los caprichos del poder iniciaban y terminaban modificando las reglas del juego, para ponerlas a disposición de intereses personales. Quizá por eso, algunas voces expresan su inconformidad en modificar el órgano electoral.
A ellos hay que recordarles que se han realizado múltiples reformas electorales de gran calado, sin poner en riesgo la democratización del país. Cambiar reglas no significa vulnerar todo el entramado político- social del país.
Lo que se pretende es tener nuevas reglas. Más justas y democráticas no lo sé. Es muy probable que no. Porque toda modificación a la regla electoral, beneficia a alguien y perjudica a otro. Así ha sido siempre.
Para decirlo claro, el que está en el poder hará todo lo necesario para mantenerse ahí. Y esa regla la utilizó el PRI durante décadas, haciendo ajustes a la ley sin que los puritanos de la norma dijeran nada.
Ahora tenemos un escenario distinto. Se quieren hacer una serie de cambios en la legislación electoral, tomando en cuenta su excesivo gasto, pero los que defienden “la legalidad”, han tomado como estandarte de lucha el enunciado que el INE no se toca.
El árbitro electoral se tiene que tocar todas las veces que sea necesario, para tener la garantía que en México cada voto cuenta y se cuenta bien. Sin favoritismos ni amiguismos. Lo anterior para que no tengamos nuevamente excesos como el gasto de 11.6 millones de pesos, destinados a la elaboración del informe especial sobre la gestión del presidente del INE, Lorenzo Córdova.
O aquel bono que se le asignó también a Córdova por concepto de: dote matrimonial de 39,875.42. ¿Conoce usted alguna otra entidad del sector público o empresa, negocio del sector privado, que otorgue una prestación semejante?