De acuerdo con el estudio de ONU-Habitad y el Massachusetts Institute of Technology (MIT), nuestro país presenta un déficit habitacional de casi 20 millones de hogares, 11 millones en viviendas de interés social y 8 millones en condiciones deplorables.
Para revertir esa situación, el estudio indica que al menos deben construirse 800,000 unidades anuales.
Ante ello, la nueva administración federal presidida por Claudia Sheinbaum, plantea construir 1 millón de viviendas durante el próximo sexenio, esto a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), un instituto que tenía como objetivo principal construir viviendas, pero debido a deficiencias decidió dejarle la construcción al sector privado y se centró únicamente en el financiamiento, lo cual permitió que el organismo optimizara recursos, ayudando a millones de mexicanos a obtener créditos hipotecarios, pero la demanda supera la capacidad crediticia del Infonavit.
Por lo anterior, la propuesta plantea que el instituto retome su objetivo de construir viviendas, contemplando esquemas de renta social y colaboración gubernamental y privada.
Lo cual puede interpretarse como una “buena acción”, ya que se está dejando de lado los riesgos de politización, el tiempo que tardará el instituto en replantear el rol de constructor y no financiero, los costos elevados, etc. etc.
Sin embargo, el reconocimiento de la próxima presidenta es poner sobre la mesa la innovación de la política de vivienda en el país.
El reto radica en orientar de manera correcta, esta intención priorizando un enfoque que combine recursos públicos y privados, facilitando y regulando libre de politización y atendiendo las necesidades reales de los mexicanos.
