El director ejecutivo de la organización Servicio de Inclusión Integral (Seiinac), Rafael Castelán, consideró que el gobierno federal no atendió de manera debida, a los huérfanos de la explosión del ducto de Pemex, ocurrido en enero del 2019 en Tlahuelilpan.
El activista señaló que en su momento, hicieron la anotación de qué el gobierno era responsable de dar atención médica, psicológica y educativa a los 194 huérfanos que dejó esta explosión, sin embargo sólo se atendió de manera parcial.
Indicó que alistan un recorrido y un estudio para conocer las condiciones en las que se encuentran los sobrevivientes y sus familiares, derivado de la explosión ocurrida en los terrenos de la comunidad de San primitivo hace ya cuatro años.
“Algo que nosotros dijimos, es que era una responsabilidad de estado eso que sucedió por muchos aspectos, por un lado es un asunto estructural que se abrió en su momento que se dejó correr el tema del robo de combustible y por otro lado, durante el siniestro en los momentos en que se derramaba el combustible, las autoridades no hicieron lo posible para garantizar la seguridad de los ciudadanos“.
Ante ello, refirió que si hay una responsabilidad del gobierno y por lo tanto, debe darse una reparación del daño a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas.
Lamentó que en su momento la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no trabajó lo necesario para que se diera esta reparación del daño a las víctimas y aceptó que tanto los organismos públicos como las organizaciones sociales, no estuvieron a la altura de esos acontecimientos.
El próximo miércoles se cumplen cuatro años en que en Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, explotara un ducto de Petróleos Mexicanos, que dejó sin vida a 137 personas

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