Contra una probable orden de aprehensión, la exalcaldesa de Pachuca Yolanda Tellería Beltrán interpuso una solicitud de amparo, la cual fue admitida y radicada ante el Juzgado Primero de Distrito de Hidalgo.
De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la petición de protección de la justicia federal por parte de la panista, es contra actos de los jueces de control del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH).
Así como, contra la Fiscalía Especializada en Delitos Anticorrupción, las subprocuradurías de Procedimientos Penales Región Poniente y Oriente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), las direcciones generales de Investigación y Litigación de ambas zonas y los agentes del Ministerio Público de las Unidades de Investigación sin personas detenidas.
Según el expediente 1657/2021, la expresidenta municipal capitalina interpuso el recurso el 21 de diciembre de 2021 y al siguiente día el juez lo admitió; además, concedió de manera parcial la suspensión provisional, por lo que la exalcaldesa debe dejar 4 mil 500 pesos en garantía.
El Poder Judicial de la Federación (PJF), menciona que si la orden de aprehensión reclamada se dictó con motivo de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 Constitucional, relativo a los ilícitos graves, la suspensión solo producirá el efecto de que la quejosa quede a disposición del juez federal por lo que se refiere a su libertad, en lugar de que lo determine la autoridad responsable ordenadora.
“Si la orden de aprehensión combatida se dictó con motivo de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, el efecto de la suspensión será que la quejosa no sea detenida, quedando a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal se refiere, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva”, detalla el acuerdo publicado el 23 de diciembre.
La audiencia incidental está programada para el 29 de diciembre de 2021 y la audiencia constitucional, el 2 de febrero de 2022.
Tellería Beltrán ha sido denunciada por la Secretaría de Contraloría de Hidalgo, por el delito de peculado y colusión, así como por Eduardo Sánchez Rubio, su exsecretario de Obras Públicas, por cohecho y peculado
