Haces unos días, Yazmín Dávila López, presidenta municipal de Singuilucan, realizó una conferencia de medios para dar a conocer la situación financiera del ayuntamiento. Lo expuesto por la edil, dejó muy preocupada a la población de aquel lugar.
Resulta que se tienen adeudos millonarios por demandas laborales de personas que trabajaban en el ayuntamiento, en la administración pasada. A la vez, su antecesor no pagó el impuesto sobre la renta de la nómina, por lo que además de los laudos laborales, existe un adeudo de impuestos en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Estas dos condicionantes, pueden dejar sin recursos a dicha demarcación que tiene otras obligaciones fiscales que cubrir; y que todo parece indicar, va a tener que adquirir deuda para salir del paso.
Seguramente no es la primera vez que esto ocurre en algunos lugares al interior del estado de Hidalgo. Es muy probable que en otros tiempos, las complicidades permitían estos y otros excesos en la administración pública.
No obstante, desde hace poco la autoridad federal ha puesto especial cuidado en el pago de las contribuciones de distintos entes administrativos; entre ellos, a los muy lastimados municipios que con frecuencia carecen de liquidez para solventar los servicios básicos.
Este parece ser el caso de Singuilucan, que debe de erogar un pago mayor al de los 20 millones para hacer frente a demandas laborales y otros 17 millones de adeudo de pago por impuestos, que se dejaron de pagar.
Levantar la voz y hacer del conocimiento general esta situación, no podrá ayudar demasiado a la edil de extracción morenista, pero al menor se conoce ahora el estado de las cosas en ese lugar. Y es muy probable que no sea el único caso en la entidad.
Seguramente vendrán otros casos similares, en donde los responsables de gobernar realicen posicionamientos sobre los pendientes que dejaron sus antecesores. Que, en algunos casos, dejaron que las cosas pasaran sin hacerle frente a pagos y adeudos.
No son los únicos. Se sabe que otras empresas o instituciones han encontrado en este camino, una salida fácil para sus complicadas finanzas. Es sabido el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y su millonaria deuda con el pago del agua. O bien, el caso del Club de Futbol Pachuca, que teniendo en comodato el Estadio Hidalgo, no paga ni predial, ni agua, ni el operativo de vialidad que se requiera cada que juega el equipo.
Esta ventajosa situación es inaceptable. Porque los particulares no tenemos ni prórrogas ni consideraciones en estos menesteres. Por el contrario, hay multas considerables, que han dejado en la banca rota a más de uno.
De tal suerte que la presidenta municipal, tuvo las agallas para levantar la voz y hacer del conocimiento general lo que está ocurriendo en su gobierno. Ahora hay que analizar las posibles soluciones que tampoco se antojan sencillas.
A las instituciones financieras hay que pagarles si y solo sí. Quizá pudieran diferir algunos pagos, pero aquellas responsabilidades deben cubrirse. Aunque para concluir las malas noticias en términos jurídicos, los particulares que han sido “afectados” por un despido injustificado pudieran embargar los bienes del ayuntamiento.
Cuestión que no tiene sentido. Es decir, embargar un parque, un panteón o un mercado, es inaudito. Solo hay que esperar a que el municipio tenga liquidez para hacerle frente a esos pagos. Cuestión que puede llevar años.