La senadora morenista Simey Olvera, propuso reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, para que el juzgado de Ejecución, sustituya la pena privativa de libertad por una medida alternativa, en los casos en que se acredite que la persona privada de su libertad, es madre de menores de 18 años o con algún tipo de discapacidad que dependan de ella para su cuidado, siempre que no hayan cometido delitos relacionados con delincuencia organizada, secuestro, trata de personas ni feminicidio.
También propone que las mujeres privadas de la libertad tengan derecho a recibir un trato bajo los estándares de los Protocolos de actuación con perspectiva de género y trato digno para los menores hijos de madres en prisión.
Señaló que pese a que el sistema penitenciario en México, ha evolucionado a lo largo del tiempo para garantizar el cumplimiento de la ley y la reinserción social de las personas privadas de la libertad, existen desafíos importantes, especialmente en lo que respecta a la atención de grupos en situación de vulnerabilidad, como las mujeres privadas de la libertad y sus hijas e hijos.
Incluso destacó que diversas investigaciones y organismos internacionales, han señalado la necesidad de seguir fortaleciendo el modelo carcelario con un enfoque más integral, que contemple las particularidades de estos sectores de la sociedad.
La legisladora hidalguense comentó que de acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal (CNSIPEF) 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México se reportaron en el año 2023, a 233,173 personas privadas de la libertad y/o internadas y de ese total 13,291 son mujeres.
“Es fundamental considerar el impacto del encarcelamiento tanto en
las personas privadas de la libertad, como también en sus familias, especialmente en los casos donde la persona encarcelada es mujer, madre de niñas y niños menores de edad”.
Simey Olvera dijo que de acuerdo con el propio INEGI, los delitos más recurrentes por los que las mujeres son juzgadas en México, incluyen lesiones, homicidio, robo simple, fraude, posesión de narcóticos con fines de comercio o suministro, robo a negocio y violencia familiar.
Además, el 99 por ciento de las mujeres internas son primodelincuentes; de ellas, el 90 %, tiene hijos y dependientes económicos, y el rango de edad predominante es de entre 18 y 40 años, con el 60 por ciento sin haber concluido la educación secundaria.
