Por distintos asuntos, la LXV Legislatura Local ha tramitado hasta el momento, siete posibles juicios políticos en contra de presidentes municipales; seis de ellos, involucrados en la denominada Estafa Siniestra y hay también dos procesos pendientes: Francisco I. Madero y Calnali.
José Noé Hernández Bravo, presidente de la Comisión de Gobernación, señaló que el más reciente es de Tepatepec, el cual llegó hace unos días a la Comisión Instructora, donde fue ingresado un documento por la síndico jurídica Aída Olvera Percástegui, mismo que presenta cuatro rúbricas de integrantes de la Asamblea Municipal.
Aunque este asunto no ha sido turnado hasta el momento ante la Primera Comisión de Gobernación, sus miembros estarán al pendiente de lo que suceda.
La versión de los inconformes versa en que el edil Ricardo Josué Olguín Pardo, durante un año ha incurrido en acciones irregulares como es el manejo de licitaciones y un manejo inadecuado de los recursos públicos, sin que la Asamblea Municipal esté enterada sobre las acciones emprendidas en este tiempo.
Con respecto al caso del alcalde con licencia por tiempo indefinido, José Ramón Amieva, dio a conocer que el Congreso del Estado, recibió en su momento, el permiso necesario para ausentarse de su encargo de elección popular.
“Fue concedida (la licencia) porque es un derecho y no se obedece a situaciones particulares”.
Hernández Bravo mencionó que hubo tergiversaciones en este caso, ya que había una contradicción por la negatividad de designar al secretario general, Jonathan Álvarez, como presidente sustituto, empero, el suplente también estaba al frente de este cargo público.
“Recibimos documentación por parte de regidores que pedían el permiso y por otra parte, pedían nombrar a un sustituto. Nosotros estamos obligados a obedecer al Cabildo, pero sí a escucharlos y es lo que hicimos. Todos los caminos llevan al mismo punto”.
Sobre el asunto de Calnali, recordó que fue en el mes de enero de este año, cuando un juez de control vinculó a proceso al alcalde I.A.T, sin embargo, el tema que debió resolverse el pasado 13 de julio, no ha tenido un avance, por lo tanto, la LXV Legislatura Local no puede iniciar un juicio político en su contra, ya que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, dio un plazo al servidor público de seis meses para resolver los pendientes legales y, en dado momento, quedar absuelto.
