Quien está cerrando el año laboral de manera bastante negativa es la consejera presidente del Instituto Estatal Electoral, Guillermina Vázquez Benítez quien está señalada y denunciada por la presunta complicidad que ha orquestado conjuntamente con el decadente grupo universidad para armar falsas e improcedentes acusaciones de supuesta violencia política de género por parte del diputado Víctor Guerrero, denuncia que inició precisamente la diputada de peor reputación en la actual legislatura, Roxana Montealegre, precisamente la hermana del sujeto que impuso como candidato de morena a la sindicatura en Mineral de la Reforma, Germán M. quien fue acusado de intento de asesinato en contra de su esposa y que actualmente logró salir del reclusorio al lograr de manera por demás sospechosa que se reclasificara el delito y con ello pudiendo alcanzar fianza. ¡Qué curioso que esta diputada por un lado sea tan delicada al incluso denunciar a un compañero de bancada con argumentos risibles y por otro lado mueva influencias de todo tipo para ayudar a que su peligroso hermano quede en libertad después de ahorcar a su esposa intentando quitarle la vida!
Pero la prepotente funcionaria tan ligada al gobierno del estado no termina su pifias con esto; Personal que laboró en el recientemente concluido proceso electoral de ayuntamientos, nos hace saber lo siguiente: “Somos 84 Consejos Municipales Electorales cada uno con 8 personas de Estructura, los cuales fuimos contratados como personal temporal, recibimos la promesa de la consejera presidente ante los Representantes políticos en Sesión del Consejo General, de que nos darían un bono consistente en 20 mil pesos al final de la Jornada Electoral, cosa que no ha sucedido, además nos deben nuestros sueldos del mes de julio y noviembre del 2020, ya que el contrato dice que estábamos contratados hasta el 30 de noviembre y es hora a esta fecha que no nos pagan y ahora resulta que ya que se entregó todo no saben si nos pagarán, según nos están haciendo saber. En resumen nos están defraudando laboralmente al cínicamente afirmarnos que no pagarán ni el bono prometido por Guillermina y los meses pendientes tampoco”
Alguna consecuencia debe haber para el manejo irregular e ilegal de esta funcionaria que se maneja políticamente muy parcial, precisamente en el órgano “ciudadano” que más imparcialidad está obligado a ostentar.
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Aunque desafortunadamente ya muy al final de la gestión del presidente Trump, un juez ordenó este viernes 4 de diciembre al gobierno del todavía presidente estadounidense, que restaure en su totalidad la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), precisamente el programa que él quiso suspender y que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes inmigrantes que han crecido y se han asimilado al sistema de ese país.ONT
En lo que se consideraría un revés a la administración del presidente Trump, la desición del juez de distrito Nicholas Garaufis en Brooklyn está basada en un tema de vital importancia; el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA, por sus siglas en inglés y que fue creado por Barack Obama al haber fallado en lograr consensos para la consecución de una muy demandada Reforma Migratoria.
La Corte Suprema bloqueó en junio el intento que hizo Trump en 2017 de poner fin al DACA, sin embargo su gobierno continuó con la política de no aceptar nuevas solicitudes para el programa, precisamente lo contrario de lo que hoy le ordena el juez al imponer que además de permitir nuevos registros, se amplíen los permisos de trabajo de un año a dos.
Si a esto le aunamos el obligado compromiso del virtual presidente Joe Biden quien se autodeclaró como firme convencido de la importancia de los migrantes, se hace crecer fuertemente las expectativas al respecto, sin embargo las experiencias de años atrás obligan a no dejar crecer demasiado la esperanza sin lucha y presión política por parte de la comunidad migrante en la unión americana.