Debido a la situación que impera en el municipio de Huichapan sobre la suspensión de labores en el organismo operador del agua y la destitución de su director, Mauricio Yáñez Bautista, las diputadas del PRI y PAN emitieron un acuerdo económico, para exhortar a la alcaldesa Yeymi Yadira Solís Zavala y al secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, tomar este asunto como una prioridad.
El servidor público está señalado de violencia de género, sobre todo, por acoso, hostigamiento laboral y maltrato psicológico.
Claudia Lilia Luna Islas, representante popular de Acción Nacional manifestó que este tipo de conductas reprobables deben tener consecuencias, principalmente porque existe un antecedente: una misiva fechada el 16 de enero, en el que trabajadoras denuncian al director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CAPOSA).
De igual manera, Moncerrat Johana Hernández Pérez, de la representación del Partido Revolucionario Institucional, también mostró su inconformidad por esta situación que pondría en evidencia dijo, el correcto desarrollo de la administración pública municipal.
Asimismo, las legisladoras locales hicieron mención con respecto a la negativa que han recibido los regidores de oposición en varios temas, entre éstos, las anomalías en arcas públicas.
“En días anteriores, recibimos el testimonio directo de un grupo de empleadas que se encuentran aquí presentes y empleados de dicho organismo, quienes nos han relatado una serie de irregularidades administrativas y laborales que iniciaron en septiembre del 2024 con la designación del nuevo director general. De acuerdo con los testimonios, lo que comenzó como una inconformidad por el salario asignado al director general, se ha convertido en un conflicto, que viola flagrantemente nuestro marco normativo”, sostuvo Luna Islas.
Expresó que las trabajadoras han denunciado que el funcionario ha ejercido presión sobre el personal administrativo para realizar pagos fuera de los procedimientos legales, llegando incluso a interrumpir el proceso de pago de los empleados como medida de presión, para obtener un aumento salarial no autorizado en el Presupuesto de Egresos 2024″.
La situación alcanzó un punto crítico el 17 de enero cuando se impidió el acceso a un grupo de empleados a su lugar de trabajo sin fundamento legal o documentación que lo justificara. El punto álgido llegó el 20 de enero cuando las instalaciones fueron cerradas con cadenas, bloqueando físicamente el ingreso de los trabajadores.
“Todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; no podemos ignorar estos testimonios de irregularidades en la administración de los recursos públicos”.
Ambas legisladoras pidieron una investigación a las denuncias y se tomen las medidas necesarias para reestablecer el orden y garantizar los derechos de los trabajadores y en su caso, sancionar las irregularidades que se comprueben por estos actos.
