El diputado por Hidalgo, Marco Antonio Mendoza Bustamante, propuso reformar el artículo 31 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para integrar el derecho de la víctima, de participar en la formulación de la imputación.
Comentó que para el acompañamiento técnico de las víctimas, se creó a nivel constitucional la figura del asesor jurídico de víctimas, parte procesal que se dedica especialmente a la protección de sus derechos, lo que comprende no sólo lograr que la víctima sea reparada del daño, sino de cuestiones previas e indispensables, como son que se acredite la existencia de un hecho delictivo y la responsabilidad penal de una persona.
Sin embargo, dijo que es necesario que el Código Nacional de Procedimientos Penales contemple la posibilidad que el asesor jurídico de la víctima y que, al estar presente en la audiencia inicial, pueda solicitar al Ministerio Público, precisiones o aclaraciones respecto del hecho imputado y provocar que éste fije postura sobre las mismas, así como su conformidad o no con lo planteado por el asesor jurídico, pues existen ocasiones en las que el Ministerio Público formula una imputación deficiente.
Manifestó que la imposibilidad normativa para que la asesoría jurídica formule precisiones o aclaraciones para la corrección de la formulación de imputación, impide asegurar el debido proceso y el respeto a los derechos de las víctimas, por lo que debe otorgarse a la víctima y al asesor jurídico de aquella, el mismo trato procesal y oportunidad que se otorga al imputado y su defensa.
Indicó el diputado federal que para que haya una mayor claridad en la propuesta se debe reformar el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que quede establecido que el Juez de control a petición del imputado o de su defensor, así como de la víctima o de su asesor jurídico, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público