En 2007 se llevó a cabo una reforma electoral que redujo los tiempos de campaña electoral y reguló las precampañas; a 16 años de aquellos cambios, vale la pena hacer una reflexión profunda sobre la pertinencia y aplicabilidad de la norma.
Como es bien sabido, uno de los señalamientos más recurrentes a la democracia participativa es lo costoso que resulta hacer elecciones. Uno de los procedimientos donde se “derrochan recursos” son justamente las campañas.
Por alguna razón, en los modelos anglosajones –de donde emana nuestro propio sistema electoral –, han mantenido la puerta muy abierta al dispendio de recursos en las campañas. Aunque en Estados Unidos el financiamiento privado es una constante, aquí en México está limitado al 10% del total de lo que se destina a los partidos políticos para tal efecto.
Todo lo anterior, descansa sobre un esquema no comprobado. La lógica simple diría que al reducir los tiempos de campaña, los gastos también se reducen. Tanto los públicos como los privados. Pero lejos de este escenario, todavía prevalece una muy holgada cantidad de dinero que se va por los canales formales e informales de las contiendas políticos.
Pero no solo eso, también los tiempos permitidos para hacer promoción del voto, están desplazados. La legislación actual establece plazos específicos de precampañas y campañas y lo que tenemos actualmente, es una deformación de la norma que vale la pena cuestionar.
Paro que los mecanismos anteriores se activen, tienen que existir dos cosas. Por principio un precandidato o candidato y dos tiempos permitidos de promoción del voto. Pero lejos de eso, lo que ahora vemos, es que los partidos políticos han encontrado una vereda, un reducto, un camino alterno.
Ahora a sus aspirantes a un cargo de elección, les dan un título distinto. Por ejemplo, coordinadores de los comités de base, o cualquier analogía que confunda. Pero lo cierto es que son candidatos disfrazados que están promocionándose imagen con fines electorales.
En este juego ilegal, se encuentran todos los partidos políticos. Hoy la “candidata” del Frente Amplio por México es senadora, ostenta un cargo de elección popular y al mismo tiempo aspira a la presidencia.
Lo anterior es un sin sentido, que la ley lo contempla y no lo permite. Pero los asesores jurídicos de los partidos encontraron la forma para evadir esa regla y la presentan con otra vestimenta, cuando es de dominio popular que Xóchitl Gálvez paso por un proceso interno saliendo victoriosa del mismo y eso la hace “virtualmente candidata”.
Lo mismo ocurre con Claudia Sheinbaum, quien también estuvo inmersa en un proceso de selección de candidatos a la presidencia por Morena y sus aliados. A la par de su adversaria, la morenista es presentada con un título distinto, pero queda claro que abanderará a su coalición hacia Palacio Nacional.
De tal manera que la lejana reforma electoral de 2007 no sirvió de mucho. Porque los mismos que activaron la norma –a través de sus legisladores-, son quienes ahora se sientes muy cómodos adelantando los tiempos y sacando provecho de una situación en donde todos parecen ganar menos los ciudadanos.