Parece que la historia de los parquímetros en la ciudad de Pachuca se acerca a su fin. Lo anterior, después de un largo recorrido donde ese proyecto urbano fue mayoritariamente rechazado por los habitantes de la capital del estado.
Al menos eso parece después de que la empresa Moviparq, fuera sancionada por irregularidades en su funcionamiento por parte del gobierno municipal, que desde hace meses inicio procedimientos legales por el cobro de multas por 4 millones de pesos.
Hay que recordar que desde hace años (2012- 2016), una administración priísta encabezada por Eleazar García y su cabildo, aprobaron la operación de los parquímetros a una empresa privada con domicilio fiscal en la ciudad de Querétaro.
No sólo eso. Aquella administración también privatizó buena parte de la estructura urbana (puentes peatonales), que hasta este momento sirven de plataformas publicitarias para que unos particulares ganen dinero a costa de aquella infraestructura propiedad de los pachuqueños.
Terminó esa administración y el hartazgo popular hizo posible que la candidata del PAN (Yolanda Tellería) se hiciera cargo del municipio por los siguientes cuatro años. Dentro de sus promesas de campaña, se encontraba verificar el contrato que hizo posible la implementación de los parquímetros.
Pero a lo largo de esos años no pasó nada. Por el contrario, la administración de Tellería tuvo más capítulos de opacidad que la anterior. Una vez concluido su periodo constitucional en el 2020, la pandemia hizo que el proceso electoral se postergara hasta octubre lo que generó que el Congreso Local, designará una figura provisional para hacerse cargo del ayuntamiento mientras se podía celebrar la elección.
En ese sentido, un grupo de personas se hicieron cargo tres meses de esa responsabilidad. En ese breve periodo, solo se canceló el cobro de los parquímetros como una medida sanitaria, debido a que los instrumentos de cobranza son colectivos.
En suma, tres administraciones municipales (dos constitucionales y una provisional) tuvieron que convivir con un proyecto, que generaba incomodidad entre los habitantes de la ciudad. Hasta que el actual gobierno tuvo la iniciativa de multar a la empresa por una serie inconsistencias.
Al cabo de unos meses, los particulares que obtuvieron un beneficio económico por cada vehículo que se estaciona en la calle, han expresado que se sienten “acosados por la actual administración municipal”.
El asunto se encuentra en los tribunales administrativos, pero lo realmente importante es que al parecer se está disminuyendo el margen de maniobra de quienes tuvieron un beneficio económico por estacionar el carro en la calle.
Faltan más cosas por hacer, por ejemplo, revisar los contratos que se tienen con la empresa encargada de recolectar la basura. Pero lo que acaba de ocurrir parece un buen comienzo para erradicar la idea que los servicios de la ciudad son equivalentes a botín.
En este sentido, habrá que estar muy atento al desempeño de esta administración. Quizá no sea cuestión de banderas políticas. Lo mismo da que gobierne uno u otro partido. Quizá lo que se debe de activar es un mecanismo real y eficiente de fiscalización municipal porque muchos de los que han gobernado en Pachuca en los últimos años han dejado mucho que desear.
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